La litigiosidad fiscal ha cambiado de terreno. Con la reforma vigente desde el 1 de enero, los contribuyentes que deseen impugnar un crédito fiscal determinado por el SAT ya no pueden hacerlo "gratis". Ahora es obligatorio garantizar el interés fiscal (el monto del adeudo más recargos futuros) desde el momento en que se interpone el recurso de revocación.

Esto pone en jaque la liquidez de las PyMEs. Anteriormente, se podía pelear la multa sin desembolsar dinero hasta perder el juicio. Ahora, las empresas deben inmovilizar capital o comprar fianzas costosas solo para tener derecho a ser escuchadas por un tribunal.

Expertos legales recomiendan a los CFOs crear provisiones legales específicas, ya que el costo financiero de la defensa (fianzas, avalúos, honorarios) ha subido un 30% en comparación con 2025. La estrategia ahora es preventiva: corregir antes de que el SAT determine el crédito es la única vía económicamente viable.